Siete motivos por los que el caso SGAE es mucho más que la propia SGAE

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El auto del Juez Pablo Ruz sobre la SGAE publicado anoche deja meridianamente claro el desastre en el que se había convertido la gestión de la propiedad intelectual en nuestro país. Pero a pesar de la explosión de júbilo y regodeo colectivo en la que se convirtió el anuncio de las acciones judiciales, nos equivocaríamos si pensamos que el caso acaba aquí. Ver a Teddy Bautista entrando esposado en prisión puede tener algo de catarsis social, pero no supone para nada el fondo de este asunto.
Primero, porque la SGAE no actuaba de manera independiente. Por mucho que ahora la ministra González-Sinde pretenda echar balones fuera, tiene, se ponga como se ponga, una importantísima responsabilidad en este asunto. Una ministra que proviene precisamente del entorno de las entidades de gestión, que llegó a donde está por presión de las mismas, que las ha favorecido de manera patente con sus decisiones, que ha favorecido que metiesen la mano en leyes como la que lleva su nombre y que ha ignorado las voces autorizadas que afirmaban que el monopolio de las mismas tenía efectos nocivos es cómplice absoluta de todo lo que el entramado de la SGAE haya podido hacer, por sostener precisamente las condiciones de impunidad para que ello tuviese lugar. El burdo intento de desplazar la responsabilidad hacia las comunidades autónomas en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 resulta una patética excusa, dado que la sentencia se refiere únicamente a la gestión de los registros de la propiedad, nunca a una función de control y fiscalización de las actividades de la SGAE que, como entidad de ámbito estatal que es, correspondería al Ministerio de Cultura. El caso SGAE proviene de demandas presentadas en el año 2007, y las evidencias que movieron a la fiscalía anticorrupción a actuar las conocemos desde de febrero de este año. La gestión de los sucesivos ministros y ministras de Cultura en el período ha ido generando un clima de total impunidad y tolerancia, que señala una complicidad absoluta con las acciones de la SGAE que ahora conocemos, y que se hizo todavía mucho mayor con la llegada al ministerio de Ángeles González-Sinde. La ministra debe irse.
Segundo, porque un gobierno no puede ignorar un informe de la Comisión Nacional de Competencia que evidencia que el sistema por el que se rigen las entidades de gestión en España resulta nocivo para el desarrollo del mercado. Y en caso de hacerlo, debe cargar con las consecuencias. El informe de la CNC es de enero de 2010, y simplemente, fue archivado en un cajón, un comportamiento que claramente no es de recibo. El gobierno era perfecto conocedor de los abusos y de la posición dominante en que se encontraba la SGAE, de la existencia de un clima que propiciaba claramente la corrupción, y simplemente, no hizo nada para evitarlo.
Tercero, porque varias cuestiones fundamentales que competen a la gestión de la propiedad intelectual en España han sido impulsadas de manera directa por el entorno de la SGAE, las entidades de gestión, y el entramado de lobbies de la propiedad intelectual, lo que las coloca automáticamente bajo sospecha. El mayor problema de la SGAE no es la corrupción que se está destapando en su gestión, sino el desarrollo de un entorno que ha sido capaz de enfrentar a creadores y ciudadanos, que ha impedido el desarrollo de alternativas razonables de mercado digital – lo que ha abocado a los ciudadanos a buscar canales alternativos para obtener las obras – y que ha impedido la entrada de emprendedores nacionales y empresas extranjeras… mientras la SDAE se dedicaba, en lugar de a proponer alternativas protegida por “papá Estado”, a llevárselo directamente crudo. Que la SGAE pruebe ser un nido de corrupción profundamente institucionalizada debería conllevar no solo la revisión y eliminación inmediata del canon digital, sino también la investigación de los sistemas de subvención de contenidos culturales (sobre cuya presunta corrupción se ha escrito también abundantemente), o la derogación automática de una ley Sinde que pretendía consagrar una justicia a medida de las entidades de gestión.
Cuarto, porque la SGAE no es la única sociedad de gestión en este país. También están DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE y AISGE, cada una de ellas con su parcela monopolística generosamente asignada para que la explote como le dé la gana y, como en el caso de la SGAE, en una situación de práctica ausencia de controles que propicia la corrupción. No afirmo, por supuesto, que en todas ellas existan comportamientos corruptos. Pero sí que el régimen en el que operan los hacen perfectamente posibles. Un régimen absurdo, que lleva muchos años pidiendo a gritos una reforma profunda.
Quinto, porque no solo el gobierno, sino también la mayoría de los partidos, proporcionaron a la SGAE una interlocución absolutamente privilegiada y con una actitud de marcada connivencia. El papel vergonzoso del Partido Popular marcado por el brusco “cambio de opinión” con respecto a la llamada “ley Sinde” provino precisamente de presiones desde ese entorno. Precisamente el diputado que ahora ha pedido la comparecencia de la ministra de Cultura, Jose María Lassalle, fue precisamente quien impulso este cambio de opinión, en función de sus buenas relaciones con las entidades de gestión y con el mal llamado “entorno de la cultura”… todo un acto de enorme hipocresía.
Sexto: porque muchos de los participantes en el turbio entramado de la propiedad intelectual en España actúan de manera completamente inadecuada, vulnerando las leyes de la competencia o las prácticas razonablemente exigibles a toda empresa. Promusicae, por ejemplo, vulnera abiertamente las leyes antimonopolio creando un sistema, RitmoNet, que da lugar a un entorno donde solo las discográficas pertenecientes a la asociación pueden de hecho tener llegada a un canal de promoción tan importante como la radio… y no solo no pasa nada, sino que el gobierno lo sabe, lo ampara y hasta lo financia parcialmente.
Séptimo: porque la situación española se da también en muchos países. Alemania y Suiza, sin ir más lejos, acaban de empezar a investigar a la IFPI, Federación Internacional de la Industria Fonográfica, por posible fraude fiscal. Todo el entorno relacionado con la gestión de la propiedad intelectual es un profundo y poderoso entramado de asociaciones, lobbies y conseguidores destinado a sostener prebendas y privilegios que, de otra manera, serían completamente insostenibles, y los tentáculos alcanzan incluso a la Presidencia de Gobierno de los Estados Unidos.
Hay mucho, mucho hilo de donde tirar.