Ya es hora de que los agentes económicos, comenzando por los jefes de Estado y de Gobierno, dejen de vivir pendientes de unos veredictos a menudo frívolos, pero percibidos como si se tratara del Juicio Final
Las agencias de calificación, esas entidades cuya triple A hace que el mundo financiero se estremezca y el mundo real tiemble, esos oráculos, esos dioses modernos, no vieron venir la crisis de 1997. No comprendieron ni una palabra de la crisis de las subprimes. En 2001, cuatro días antes de la quiebra de Enron, la compañía corredora de energía, seguían otorgándole calificaciones positivas. Después, apoyaron hasta el último momento a Lehman Brothers, prácticamente en bancarrota. En la crisis actual de la eurozona, no contentas con no haber previsto nada, agravaron las cosas al mantener hasta muy tarde los títulos griegos en la cesta de obligaciones mundiales de primer orden, contribuyendo así al laxismo de un Gobierno que prefirió endeudarse antes que revisar sus cuentas, sanear sus finanzas públicas y adoptar reformas. En resumen, estas agencias de previsión cometieron una equivocación tras otra. Estas agencias de crédito se comportaron como agencias de descrédito. Y la dictadura que ejercen sobre los mercados se apoya en fallos, errores y abusos de autoridad que, si no tuvieran consecuencias tan trágicas, moverían a risa.
Pero, además, ¿cómo proceden? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Sus métodos de cálculo? ¿Las hipótesis en las que se basan para mantenerle a uno la triple A y retirársela a su vecino? En este punto, en cambio, nos encontramos ante un agujero negro. Ante el más impenetrable de los misterios. No obstante, sabemos que, en el seno de los tres sanctasanctórum que se reparten el mercado mundial de la calificación, a menudo hay evaluadores júnior. Y esos críos son hermanos gemelos de los asombrosos traders que llevaron a Wall Street al borde del abismo. Cuando las casualidades de la vida hacen que alguno de ellos se cruce en tu camino, te das cuenta de que, en efecto, pueden tener el perfil de los personajes cocainómanos y consumidos por el trabajo de las primeras novelas de Brett Easton Ellis. Pero, ¿cómo juzgan? ¿En función de qué datos? Y, ¿quién se los proporciona? Es evidente, por ejemplo, que no tienen en cuenta ni la política social de las empresas ni los parámetros relacionados con el buen vivir o el empleo. Se diría que ven los países como números indistintos, evaluables sin compasión. Pero, por lo demás, nada de nada. Ni la menor información sobre las fórmulas de las que depende el futuro de tantos seres humanos y, hoy por hoy, de Europa. Y esta opacidad da miedo.
He escrito "el mercado mundial de la calificación" porque, en cambio, lo que sí sabemos es que estos organismos, dotados, como los emperadores romanos durante los espectáculos circenses, de un poder sobre la vida y la muerte de esos gladiadores modernos que son las firmas y los Estados que se enfrentan al Moloch Finanzas, antes que nada son empresas. Tienen un balance que justificar. Un accionariado al que servir. Beneficios que aumentan o disminuyen en función de la bonanza de sus clientes. Uno podría imaginar unas autoridades autónomas que dictaminasen con serenidad por encima de los intereses en juego. Puestos a evaluar, podríamos soñar con unos evaluadores libres e independientes; por ejemplo, vinculados a los bancos centrales, al Fondo Monetario Internacional o a otros reguladores del mercado. Pero no. Lo que tenemos son unas entidades que se ganan la vida y prosperan según su rendimiento. Unas sociedades que cotizan en Bolsa y cuya salud depende del número de evaluaciones que producen, del eco que tienen esas evaluaciones, de su puesta en escena posiblemente dramática y de las filtraciones más o menos calculadas por sus departamentos de marketing. Este nuevo poder es el resultado de un oligopolio integrado por tres grandes grupos que hacen negocios sin tener en cuenta el interés general; y esto también produce escalofríos.
Tampoco hay que olvidar que estos grupos son remunerados conforme a un sistema que colocaría fuera de la ley a cualquier otro agente económico. Les pagan los clientes a los que van a calificar a continuación. Aconsejan a los bancos sobre la forma de estructurar unos productos que, una vez en el mercado, tendrán que juzgar. Cuanto más complejos sean esos productos, cuanto más "derivados" o "titulizados", en otras palabras, cuanto más cerca estén de esos activos tóxicos que originaron la depresión actual, más facturarán y se enriquecerán los señoritos de las agencias. Eso se llama ser juez y parte. O bombero y pirómano. Y estamos a un paso del peor conflicto de intereses, por no decir del tráfico de influencias más descarado. Estos incompetentes son, además, deshonestos y se saltan todas las reglas de la buena gobernanza y del juego limpio.
Añadiré que, si las agencias se equivocan, si empujan a Grecia al crimen o si, ebrias de su propio poder, degradan por error a otro país europeo, no existe ninguna instancia, ninguna jurisdicción civil ni moral ante la que tengan que responder. Un directivo empresarial que truca sus cuentas va a la cárcel. Un responsable de Standard & Poor's que, en un abrir y cerrar de ojos, arruina casi automáticamente a millones de personas nunca será sancionado. Jurídicamente, su "calificación" se considera dentro del terreno de la "opinión". Y, como todas las "opiniones", goza de una libertad sin límites. Cero responsabilidad. No hay contrapoder para este nuevo poder. No digo que haya que suprimir estas curiosas calificaciones. Lo que digo es que hay que controlarlas. Que hay que reformar su régimen y su estatuto. Que deben estar sometidas a un mínimo prudencial de normas. Y, para terminar, diré, además, que la dictadura, como tantas veces, está también en las mentalidades, y que ya sería hora de que los agentes económicos, comenzando por los jefes de Estado y de Gobierno, dejasen de vivir pendientes de unos veredictos percibidos, incluso cuando son improvisados o frívolos, como si se tratara del Juicio Final. Es cuestión de sentido común. Y para el mundo de las finanzas es una cuestión urgente de salvación pública. Hay que degradar a las agencias de calificación. -
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